El ex candidato presidencial y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, reapareció tras varios meses de silencio, al pronunciarse sobre el reciente fallo judicial en Estados Unidos que favoreció a la República Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

En un mensaje difundido en la red social X, Lavagna subrayó la importancia de trabajar con la "seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno", y atribuyó la victoria en la justicia de Nueva York por darle "al concepto de soberanía su real y debida dimensión". Y remató: "Cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos".

La última intervención pública de Lavagna había sido con motivo del 20� aniversario de la entrega de bonos del canje, operación que permitió la reducción de la deuda externa argentina en más de USD 65.000 millones. Con la misma metodología, el ex candidato presidencial compartió una serie de mensajes en las redes sociales destacando la importancia de la operación. Desde fines de 2023 que el economista bajó el perfil, a partir de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada. Ese año, respaldó la candidatura de Sergio Massa.

La nueva aparición del economista se produce luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera que la Argentina no deberá abonar la condena de más de USD 16.000 millones por la estatización de YPF, llevada a cabo en 2012.

Con el fallo de YPF, también se ratificó la exculpación de la petrolera estatal en su proceso de estatización bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York representa un giro significativo en la disputa legal por la expropiación de YPF. El tribunal consideró correcto el procedimiento de estatización y determinó que la empresa no debía responder por el reclamo, atribuido a accionistas privados que reclamaban indemnización.

No obstante, el proceso judicial aún no está cerrado, ya que las partes involucradas tienen la opción de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo favorable a la Argentina evita un desembolso que el Estado consideraba "virtualmente imposible" de cumplir. Según cifras oficiales, la suma que se pretendía cobrar equivalía a 18 mil millones de dólares, lo que representa "70 millones de jubilaciones mínimas", según precisó el presidente Javier Milei. El mandatario calificó este resultado como una "inigualable alegría" y un "hecho de trascendencia histórica".

En un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, por cadena nacional, Milei atribuyó el logro a la "pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno", destacando el rol de su gestión permitió "logró torcer el destino a nuestro favor". El mandatario señaló que este desenlace representa el fin de la "espada de Damocles" que pendía sobre el país debido a decisiones políticas anteriores.

El jefe de Estado advirtió que "hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas" en 2012, en alusión directa a la ex presidenta Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en el momento de la estatización era ministro de Economía. Milei sostuvo que "nada puede estar más lejos de la verdad" y consideró que "estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que podría habernos costado todo".

Según Milei, la controversia judicial por YPF generó durante más de una década un clima de incertidumbre que afectó la llegada de inversiones, la creación de empleo y el desarrollo económico. El mandatario vinculó la falta de inversiones derivada del litigio con "menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia". Y remarcó que "el juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración".

En ese contexto, el presidente anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma de la ley de Expropiaciones.

La iniciativa busca, según las palabras oficiales, evitar que "la arrogancia en la política nos vuelva a costar otra década perdida" y garantizar que la propiedad privada no sea cuestionada nuevamente en el país.