>El Senado se prepara en las próximas horas para el aterrizaje del proyecto opositor que mejora las jubilaciones, aprobado la semana pasada en Diputados, y aguarda una definición de la Casa Rosada sobre los tiempos de debate, con un margen de maniobra más que reducido para bloquear una casi cantada sanción. Un sector del oficialismo considera que no tiene sentido demorar el asunto, mientras que algunos dialoguistas creen que, al igual que en 2024, el oficialismo se beneficiará más allá de cualquier resultado o eventual veto presidencial.

Hasta anoche, el oficialismo tenía pensado realizar durante la tarde de mañana una reunión junto a los jefes de bloques “dialoguistas” -como la UCR, que tiene guerras internas y una situación ya incontrolable para el oscilante correntino Eduardo Vischi, con correligionarios que ni siquiera asisten a sus convocatorias- y llevar una postura unificada a una -por ahora- potencial Labor Parlamentaria el miércoles. Allí se aspirará a ordenar la próxima visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fin del corriente mes, y a discutir sobre el inicio o no de la cuestión previsional.

En caso de ser la de Trabajo y Previsión Social la cabecera -lo lógico-, quedaría al comando de la compulsa la macrista cordobesa y usual aliada al Gobierno libertario Carmen Álvarez Rivero. En tanto, el titular de la de Presupuesto y Hacienda es el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy).

En concreto, la suba del bono a $110.000 y su posterior renovación por inflación tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un impacto fiscal de 0,23% si se llevaba a $105.000, y de 0,30% si quedaba en $115.000. La oposición terminó por consensuar un sendero intermedio entre esas opciones.