A menos de 20 días para el final de las sesiones ordinarias del Congreso, las negociaciones por el Presupuesto 2027 avanzan en cámara lenta. El próximo jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá a los referentes de los bloques aliados y dialoguistas para informar si el oficialismo acepta o no los pedidos que recibió durante las últimas semanas.

"Ahí se van a ver las cartas", aseguraron desde la bancada libertaria, conscientes de que el margen de maniobra cada vez es más ajustado si pretenden llevar la "ley de leyes" al recinto el miércoles 25.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se mostraron confiados de que el Gobierno terminará aceptando "casi todo", aunque reconocieron que todavía están analizando "cómo arreglar la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, otros bloques no dejan entrever el mismo entusiasmo. Debido la falta de respuestas concretas y con apenas un margen de dos semanas para lograr la media sanción, comenzaron a sospechar que el oficialismo buscará prorrogar el Presupuesto actual, lo que le dará mayor margen de maniobra en un año electoral. "Hasta ahora no nos dieron respuesta absolutamente de nada, ninguna explicación, solo dicen que no tienen autorización. Yo ya creo que se quieren victimizar y quedarse sin Presupuesto", señaló a Infobae un diputado de un bloque provincial. No será la primera vez que Milei prorrogue un presupuesto, ya lo hizo durante los primeros dos años de gestión.

La visita del papa León XIV también sirvió para reforzar dos reclamos concretos: el aumento de las partidas destinadas al financiamiento de las universidades nacionales (figuran $7 billones mientras que los rectores reclaman un mínimo de $11 billones) y la implementación de la reforma del área de Discapacidad que obtuvo media sanción de Diputados con amplio apoyo de la oposición. En concreto, los dialoguistas pretenden alguna garantía de que el Gobierno realmente abandonó la idea de recortar los gastos del área como había propuesto en la primera versión del proyecto de Presupuesto.

Por otro lado, los gobernadores aliados pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de que la Secretaría de Transporte acordó hace dos semanas que le daría mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto. "El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior", dijo el mandatario salteño Gustavo Sáenz.

En la misma línea, el cordobés Martín Llaryora agregó: "No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo". En concreto, las provincias reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos ya que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. Una reducción en el tributo permitiría bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos.

Finalmente, entre los reclamos pendientes también se destacan la eliminación de los artículos que derogan la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales.