El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó este domingo al ministro de Justicia hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles y dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para asistir a familias afectadas por las inundaciones en el sur del país. Lo anunció en su cuenta de X, dos días después de jurar el cargo tras la destitución de Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank.

"En las cárceles, ordené al ministro de Justicia hacer cumplir estrictamente la ley. Ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial. Las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente", escribió Alliana. Cerró con una consigna: "Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados".

Las órdenes salieron de una reunión con el nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, el jefe de Gabinete Civil, Rolando de Barros, y los ministros de Economía, Industria, Justicia y Defensa. "Lo más importante es brindar una asistencia rápida y efectiva a la ciudadanía", sostuvo el presidente.

"En Itá Corá, ordené el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para reforzar la asistencia con alimentos a las familias damnificadas", detalló. Itá Corá es un puerto del departamento de Ñeembucú, a unos 50 kilómetros de Pilar, la ciudad natal de Alliana, golpeada desde octubre por la crecida del río Paraná.

"Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados", concluyó en su mensaje publicado en redes sociales.

La orden sobre las cárceles llegó un día después de que el juez Humberto Otazú, especializado en delitos económicos, enviara a Peña a prisión preventiva. La Fiscalía imputó al expresidente por lesión de confianza y administración en provecho propio. El juez dispuso que cumpla la medida en el Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar de Asunción, y no en una penitenciaría común, por razones de seguridad y a pedido de la defensa. Peña se abstuvo de declarar.

La misma medida alcanzó a Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), que antes de asumir ese puesto en 2023 dirigió la financiera que luego se convirtió en Ueno Bank.

Otros cinco directivos del banco, entre ellos Miguel Vázquez, titular del grupo controlador, están presos desde el viernes en la antigua cárcel de Tacumbú. "Absolutamente ningún privilegio, absolutamente ninguna diferencia con el resto de las personas privadas de libertad", aseguró el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. La Fiscalía imputó a 27 personas, entre directivos y representantes de empresas vinculadas, por lesión de confianza y tentativa de estafa, entre otros delitos.

La crisis empezó el 2 de noviembre, cuando el BCP resolvió intervenir Ueno Bank al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La Superintendencia de Bancos había observado desde junio préstamos a empresas del grupo controlador. El banco digital tenía 2,8 millones de depositantes. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

Tras tres días de protestas en Asunción y la pérdida del apoyo del Partido Colorado, Peña anunció su renuncia el jueves 5. El Congreso no llegó a aceptarla. La Cámara de Diputados aprobó la acusación por 78 votos a 0 y el viernes el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones con 44 votos de 45. Es el segundo presidente paraguayo apartado por juicio político, después de Fernando Lugo en 2012.

Alliana tampoco quedó al margen. La oposición lo incluyó en el pedido de juicio político, que Diputados rechazó por 48 votos contra 30, y la Fiscalía abrió el 5 de noviembre investigaciones que lo alcanzan.

Para los ahorristas, la salida es el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, unos USD 38.600. Una ley aprobada en dos días habilitó un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, cerca de USD 19.300, del que se descuentan las deudas vencidas con el banco.

Los pagos empezaron el jueves. Hasta el sábado, "hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas", informó el presidente interino del BCP, Pedro Acosta; el monto pagado alcanzó unos USD 160 millones. Los grandes depositantes, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS) y varias cooperativas, quedan para una etapa posterior.

El plazo legal para completar el pago de la garantía vence el 17 de noviembre y puede prorrogarse hasta el 2 de diciembre. Ese mismo día 17 deben cobrar sus haberes y el aguinaldo los cerca de 32.000 jubilados del IPS que recibían su pensión a través de Ueno.