El colapso del Ueno Bank derivó en una crisis financiera, judicial y política en Paraguay que, en pocos días, cambió el escenario del país. La decisión del Banco Central de intervenir y disolver la entidad dejó a millones de ahorristas sin acceso a su dinero, provocó la detención de directivos y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña.

El caso reúne varios planos que se entrelazan: el crecimiento de un banco que nació como una propuesta digital, las irregularidades que detectó el regulador, los vínculos políticos de sus protagonistas, la respuesta del Estado para devolver el dinero y las consecuencias que alcanzaron incluso a trabajadores en la Argentina.

Ueno Bank era una entidad con alcance masivo. Tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, lo que equivale al 60% de la población adulta. Era el quinto banco del país por volumen de depósitos y el primero por cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos de un sistema que cuenta con 16 bancos.

Esa dimensión explica por qué su caída tuvo un efecto inmediato. Además de particulares, la entidad administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las jubilaciones y las prestaciones de salud.

El origen de Ueno Bank se remonta a 2021, cuando el Grupo Vázquez compró la Financiera El Comercio. El grupo ya era dueño de la financiera Credicentro. La nueva marca empezó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, comenzó a funcionar como banco en diciembre de 2023.

Su expansión se apoyó en la cartera de las dos entidades preexistentes, a la que sumó cuentas simples y de bajo costo operadas desde el celular. El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco. Esa integración le sumó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y le permitió pasar de una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo a ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas.

En marzo de este año, el banco emitió bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031. Fue el único banco local con títulos negociados en mercados internacionales y la tasa que le pidió el mercado fue menor al 7%, un nivel que no anticipaba dificultades.

La tormenta empezó con un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP). La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad. Por el peso del banco en el sistema, el regulador advirtió que existía un riesgo de que las dificultades se extendieran al resto.

Según el diario paraguayo Última Hora, en junio de 2026 Ueno Bank transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa vinculada, Vinanzas SA. La operación se hizo después de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos otorgados a esas compañías, e incluía acreencias sobre el Grupo Hendy, el Grupo M y MOWI, entre otras firmas relacionadas con el grupo.

El BCP encontró indicios de que Vinanzas, también vinculada a Ueno, no tenía recursos propios suficientes para pagar esa cartera y que habría sido financiada de manera indirecta por el propio banco. Para el Ministerio Público, ese mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real de la entidad, ya que los créditos habrían quedado, en los hechos, bajo el financiamiento de la misma institución que los cedió.

El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. El directorio dispuso el cierre de las operaciones, suspendió la aplicación móvil, las tarjetas y el resto de los servicios, y puso los activos y pasivos bajo administración del regulador.

Desde ese momento, los clientes no pudieron acceder a sus cuentas. Se formaron largas filas frente a las sucursales y hubo protestas nocturnas en Asunción.

El bloqueo alcanzó también al sector público y a otras instituciones. Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), colocaciones a plazo fijo, dejaron de pagarse. Entre los afectados figuran el IPS, el Ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol, sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.

El caso adquirió una dimensión política por los antecedentes de dos de sus protagonistas. El ahora ex presidente, Santiago Peña, fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo, titular del BCP, había presidido la entidad hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el Banco Central. Es decir, pasó de conducir el banco a encabezar el organismo que debía supervisarlo.

Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia a Carvallo. Como reemplazo designó a Raúl Vera Bogado, economista y exministro de Industria, que ya había dirigido el Banco Central entre 2001 y 2002. También nombró a dos nuevos directores. El nombramiento de Vera Bogado deberá ser ratificado por el Senado.

La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 vinculadas a empresas bajo investigación. Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera sostienen que, entre 2025 y 2026, se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.

Los cargos son conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.

Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto. Los directivos fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y chalecos antibalas, frente a manifestantes que los increpaban en las afueras de la sede fiscal.

El BCP informó que los ahorristas recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares. Después, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley de emergencia, que Peña promulgó el miércoles de esta semana.

La norma habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD): cada depositante podrá cobrar hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes, unos 19.787 dólares. El Banco Central de Paraguay debe instrumentar el pago en un plazo de 24 horas y, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que reúne a los 14 bancos privados del país, entre ellos Ueno, aseguró que el resto del sistema opera con normalidad.

La crisis también tuvo efectos en Buenos Aires. Kaitel SRL Sucursal Argentina, que forma parte de ITTI, la compañía que presta servicios tecnológicos a unas 40 empresas del grupo vinculado a Ueno Bank, tiene más de 900 trabajadores en el país, según fuentes con conocimiento de la operación.

Parte del personal recibió una notificación de suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. La empresa atribuyó la medida al "procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) y comunicado públicamente el 3 de noviembre", que, según el correo, afectó los mecanismos de financiamiento de la compañía y provocó "la paralización temporal de sus actividades".

Durante la suspensión, la relación laboral continúa vigente, los empleados deben retomar sus tareas el 5 de diciembre, salvo comunicación en contrario, y la empresa mantiene a su cargo la cobertura de medicina prepaga.

Empleados consultados por Infobae indicaron que no se acreditaron los depósitos ni en las cuentas locales en pesos ni en Deel, la plataforma que se usa para abonar un adicional. En Paraguay, según relataron, el personal cobró, pero el dinero estuvo disponible apenas tres horas antes del bloqueo de las cuentas. La empresa no informó cuántos trabajadores fueron suspendidos ni una fecha para cancelar los salarios pendientes.

La crisis bancaria derivó en un conflicto político. El miércoles, un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución. El documento reunió 35 firmas y pidió una sesión extraordinaria para el jueves.

Peña difundió un video en esa red social en el que anunció su renuncia. Sin embargo, el Congreso no la aceptó. Diputados y senadores del Partido Colorado abandonaron el Congreso durante la votación, lo que dejó la sesión sin quórum. En medio de las versiones sobre su paradero, desde el Gobierno confirmaron que Peña permanece en Paraguay.