El procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses por el atentado contra la AMIA fue presentado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, como un nuevo avance judicial en una causa que lleva más de tres décadas sin una sentencia contra los responsables del ataque.

"El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad", sostuvo Mahiques en una publicación difundida este lunes en X. El funcionario destacó especialmente la aplicación de la ley de juicio en ausencia y señaló que, a partir de esta resolución, "pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos".

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrió el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos. La nueva resolución fue firmada por el juez federal Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación de la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso.

En una resolución de 648 páginas, Rafecas procesó a ocho personas a las que atribuyó distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del atentado. Además, dispuso un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los procesados.

La investigación judicial estableció que la planificación del ataque había comenzado en agosto de 1993. De acuerdo con la resolución, la decisión política de ejecutar el atentado fue tomada por la cúpula del régimen iraní y la parte operativa fue delegada en Hezbollah, organización armada proiraní con base en el Líbano. La estructura utilizada para concretar el ataque también habría contado con una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera.

La resolución reconstruyó además los días previos al atentado. El 10 de julio de 1994 fue adquirida una camioneta Renault Trafic que cinco días después ya estaba acondicionada con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo permaneció estacionado en un garaje ubicado a cuatro cuadras de la AMIA hasta la mañana del 18 de julio, cuando fue utilizado para ejecutar el ataque.

Rafecas diferenció las responsabilidades atribuidas a los acusados. Cuatro exfuncionarios iraníes fueron considerados autores mediatos: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios fueron señalados Hadi Soleimanpour, quien fue embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, referente religioso que se desempeñaba como consejero cultural de la embajada iraní, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, de nacionalidad libanesa y señalado como integrante de Hezbollah. Según la resolución, se le atribuye la coordinación operativa de la etapa final del atentado en Buenos Aires.

El magistrado encuadró los hechos como homicidios y lesiones reiteradas agravadas por odio racial o religioso, además de daño agravado por motivos discriminatorios. También consideró el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

El expediente también abrió una nueva línea de análisis sobre el atentado contra la Embajada de Israel ocurrido en Buenos Aires en 1992.

Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar una posible vinculación entre ambas investigaciones. La medida se tomó a partir de un dictamen del fiscal Basso, quien sostuvo que los dos ataques fueron ejecutados por Hezbollah.

La resolución también estableció una conexión entre el atentado a la AMIA y un ataque ocurrido en Panamá al día siguiente. Según la investigación, ambos episodios estuvieron coordinados y fueron reivindicados conjuntamente cuatro días después por Hezbollah desde el Líbano, bajo el nombre de cobertura "Ansar Allah".

El procesamiento constituye un avance relevante dentro de una investigación que lleva 32 años, pero todavía no representa una condena. Los acusados podrán recurrir la decisión y la causa deberá atravesar las instancias correspondientes antes de que pueda concretarse un eventual juicio oral.

Mahiques puso el foco en el significado de este nuevo paso para las víctimas y sus familias. "Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina", afirmó el ministro.

El próximo escenario estará marcado por las apelaciones, el análisis de la validez constitucional del juicio en ausencia y, eventualmente, la posibilidad de que el expediente sea elevado a un Tribunal Oral en lo Criminal Federal.