Las familias que integraban la lof Melo, desalojada el 19 de agosto del predio que ocupaba en El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, contaban con energía eléctrica, conectividad y otros recursos provistos por organismos estatales, tanto de la provincia de Neuquén como del gobierno nacional, a través de Parques Nacionales.

La comunidad mantenía un prolongado litigio judicial por las tierras que ocupaba. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 una causa por desahucio y, luego de años de proceso judicial, logró recuperar una fracción de las hectáreas ubicadas en ese paraje.

Broers es titular de 624 hectáreas que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de la disputa territorial, la propietaria continuó pagando regularmente los impuestos correspondientes al inmueble.

El desalojo ejecutado en agosto alcanzó únicamente la fracción en la que residía la lof Melo, por lo que Broers recuperó el control de ese sector. En tanto, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el espacio donde permanece la otra comunidad.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo provincial, había instalado en el predio varios paneles solares destinados a proporcionar energía eléctrica a las familias de la comunidad.

Luego de que se concretara el desalojo, operarios del organismo regresaron al lugar para retirar los equipos, debido a que la comunidad ya no residía allí. Antes de hacerlo, solicitaron autorización a Broers, propietaria del predio.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la mujer planteó que los equipos permanecieran instalados y manifestó su disposición a asumir los costos operativos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo rechazaron la propuesta y argumentaron que los equipos habían sido colocados exclusivamente para beneficiar a la comunidad mapuche.

El sistema no estaba compuesto únicamente por los paneles solares. El EPEN también había instalado baterías para almacenar la energía, que eran renovadas periódicamente por el organismo.

Fuentes del organismo confirmaron que los equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para asistir a comunidades mapuches, independientemente de la situación dominial de los terrenos en los que se encuentren.

Además de los sistemas de energía, distintos organismos estatales otorgan a comunidades recursos como redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de residencia.

"Lo grave no es que el Estado, provincial o nacional, acompañe a las comunidades mapuches, sino que lo haga sabiendo que residen en tierras que son objeto de un litigio por ocupación, como ocurrió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi", señalaron a Infobae fuentes vinculadas al conflicto territorial.

La asistencia estatal no se limitaba a la provisión de energía. Parques Nacionales también había garantizado la conectividad de la comunidad mediante conexiones satelitales y había puesto a disposición distintos elementos para el abastecimiento de agua, entre ellos tanques, mangueras y bombas.

De esta manera, mientras avanzaba el proceso judicial iniciado por la propietaria del predio, las familias que residían en el lugar contaban con infraestructura y recursos aportados por organismos públicos.

A este esquema de asistencia se sumó otra decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, firmado también por Jorge Tobares, ministro de Gobierno de la provincia.

El reconocimiento administrativo se produjo pocos días después de la ejecución del desalojo parcial y mientras continúa el conflicto judicial por las tierras.

Desde el gobierno neuquino defendieron la decisión y señalaron que se trata de un trámite que corresponde ante el cumplimiento de los requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento, según consta en los antecedentes del caso, llevaba 14 años en trámite.

La resolución, sin embargo, se produjo durante la gestión de Figueroa, quien asumió la gobernación en diciembre de 2023, y en un contexto marcado por la disputa judicial por el territorio.

El reconocimiento de la comunidad se suma así a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que alcanzaron a la lof Melo mientras se desarrollaba el litigio por la ocupación del predio.