La Asociación Nacional de Comisarios de la Policía Federal (ADPF) de Brasil pidió el sábado que el fiscal general Paulo Gonet se aparte de la investigación sobre la elaboración de un informe policial del caso Banco Master en el que aparece mencionado y profundizó la crisis en el Supremo Tribunal Federal.

El documento fue elaborado a partir de los contactos del dueño del extinto banco, Daniel Vorcaro, detenido en la causa por un fraude millonario en el sistema financiero, con autoridades de primer nivel.

"La ADPF solicita que el Procurador General de la República se declare impedido y se abstenga de realizar actos, ya sea como fiscal de la ley o como titular del control externo, en los procedimientos relacionados con los hechos en los que se le menciona", señaló el comunicado.

La organización, que agrupa a más de 2.300 comisarios, reclamó también la desestimación de esa actuación. "Pedimos que se archive el procedimiento iniciado por tratarse de una vía inadecuada para cuestionar un acto del STF; y que los hechos que salieron a la luz mediante la operación Compliance Zero sean investigados en toda su extensión, sin selectividad respecto a las autoridades involucradas", añadió el comunicado.

Entre las pruebas incorporadas del caso Banco Master, figuraron 52 mensajes enviados al magistrado Alexandre de Moraes. De ese material surgieron referencias a reuniones, negocios de alto valor y ofrecimientos de lujo para Moraes y su familia, además de menciones a Andrei Rodrigues, director de la Policía Federal, y al propio Gonet.

Después de que Mendonça levantó el sigilo del expediente, Gonet informó al presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, que había ordenado una actuación de control externo de la actividad policial para determinar si existió alguna interferencia en la elaboración del informe.

La Procuraduría sostuvo que no fue informada sobre la decisión judicial que ordenó ese trabajo y que el Ministerio Público no pudo intervenir en una etapa que consideró necesaria. Con ese argumento, entendió que la medida no debió avanzar sin un requerimiento previo de la fiscalía o de la propia fuerza federal.

Frente a esa decisión, la ADPF respondió que, si la Procuraduría consideraba irregular la orden judicial, debía plantearlo ante la Corte y no mediante una actuación dirigida contra quienes realizaron la tarea. También advirtió que esa iniciativa generó un efecto intimidatorio sobre los investigadores y recordó que el control externo de la actividad policial no implica una relación jerárquica ni habilita sanciones disciplinarias sobre comisarios y agentes.

La difusión del contenido del teléfono de Vorcaro profundizó una crisis abierta dentro del máximo tribunal de Brasil. El momento de mayor tensión llegó el martes, cuando Mendonça pidió que el caso fuera analizado por el pleno.

(Con información de EFE, CNN Brasil y G1)