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31 de agosto de 2026

Renunció el legislador vinculado a uno de los imputados por grooming y abusos en Córdoba: "No tengo nada que ocultar"

La dimisión del dirigente Ernesto Ramón Flores, de Hacemos Unidos, se conoció tras la detención de su ex asesor José Aníbal Ricardo Villarreal. Días antes, la Legislatura había aprobado la licencia que Flores solicitó cuando todo salió a la luz

En medio de la causa judicial por grooming y abuso sexual de menores en Córdoba, presentó la renuncia a su banca el legislador provincial Ernesto Ramón "Cañito" Flores. El motivo se dio a conocer este fin de semana tras la detención e imputación de uno de sus ex asesores, José Aníbal Ricardo Villarreal.

La decisión del funcionario se conoció apenas días después de que la Legislatura había aprobado una licencia de 180 días sin goce de sueldo. Al respecto, señaló que se retira para "preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones también implica saber cuándo dar un paso al costado", y aclaró que "esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario". Agregó que se va "con la conciencia absolutamente tranquila" y que no tiene "nada que ocultar".

En su carta de renuncia, el ahora exlegislador del bloque Hacemos Unidos por Córdoba apuntó a una "campaña de difamación y de descalificación personal" que, según planteó, respondería a intereses de sectores de la política local. "Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia", insistió, según informó el portal El Doce.

La causa que derivó en su renuncia se originó el 1 de julio a partir de la denuncia de una madre por la desaparición de su hija de 14 años en Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia. La geolocalización del teléfono de la adolescente permitió encontrarla en Santiago del Estero, junto a otra menor de la misma edad, en una propiedad privada. A partir de ese hallazgo, la investigación viró hacia los delitos contra la integridad sexual de menores y quedó en manos de la fiscal Analía Cepede, de la Fiscalía Múltiple de Deán Funes.

Villarreal, que figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado vinculado a Flores, fue uno de los primeros detenidos y quedó alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. La fiscal Cepede amplió la acusación contra el exasesor tras incorporar nuevos hechos a la investigación, y su imputación pasó a ser por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

La repercusión del caso cobró una dimensión adicional con el testimonio de una mujer que se identificó como la primera víctima del imputado. En su testimonio apuntó contra la familia de Villarreal; dijo que estuvo con ellos desde los dos años de edad y que pudo irse de ahí a los 16. "Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían", declaró en diálogo con el Noticiero Doce. La mujer realizó la denuncia en 2021 con el impulso de su pareja y desde entonces transita el proceso judicial.

En cuanto al vínculo con su exasesor, Flores había reconocido que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que sus funciones eran "territoriales". Esto desembocó en la baja del funcionario.

La causa registra actualmente 16 detenidos y cuatro víctimas identificadas. Entre los imputados predominan remiseros y choferes de aplicaciones irregulares que operaban en Villa de María del Río Seco con distintos niveles de acusación. Algunos enfrentan cargos solo por grooming, mientras que otros también están acusados de abuso sexual con acceso carnal. La causa se divide en dos tramos jurisdiccionales: uno bajo la órbita de la justicia cordobesa y otro a cargo de las autoridades de Santiago del Estero.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre dispositivos, comunicaciones y testimonios, y la fiscalía no descarta nuevas detenciones ni la incorporación de más víctimas al expediente.

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