Los latinoamericanos tenemos una larga tradición de copiar modelos. Copiamos modas, tendencias y, desde luego, modelos de políticas públicas, negocios, trabajo y educación. La lógica parece sencilla: si un determinado modelo produjo resultados positivos en otra parte —Singapur, Australia, Suiza o incluso el Himalaya—, ¿por qué no habría de producirlos también en nuestras latitudes?

El problema es que esta forma de razonar suele ignorar lo esencial: ningún modelo funciona en el vacío. La geografía, la cultura, las instituciones y la dotación de recursos naturales condicionan profundamente sus resultados. Lo que funciona en un país puede fracasar estrepitosamente en otro.

América Latina conoce bien las consecuencias de esta fascinación por las recetas importadas.

La primera gran ola de copia institucional ocurrió después de los procesos de independencia de España, cuando se asumió que el modelo de democracia federativa adoptado por Estados Unidos podía funcionar igualmente bien al sur del Río Bravo. Se produjo entonces una catarata de constituciones que consagraban el federalismo en las nuevas naciones surgidas del Imperio español.

Pero las constituciones, por sí solas, no crearon democracias. Tampoco lograron impedir las guerras civiles que marcaron buena parte de la etapa posterior a la independencia.

Hoy podemos estar frente a una nueva versión del mismo fenómeno.

En el siglo XXI, Estados Unidos ha decidido desempolvar la doctrina Monroe, incorporándole el llamado corolario Trump. Desde una perspectiva geopolítica, Washington ha escogido al hemisferio occidental como su zona de inclusión estratégica y ha colocado al crimen organizado en el centro de su agenda regional. La premisa parece ser que aquellos países que perturben la paz política o el progreso económico podrán convertirse en objeto de una acción estadounidense más directa.

Esta nueva orientación tomó por sorpresa a buena parte de los líderes latinoamericanos. Hasta ahora, la política exterior de Estados Unidos hacia la región se había concentrado, en buena medida, en apoyar a los países latinoamericanos en la solución de problemas educativos, de infraestructura y de salud.

Los nuevos gobiernos que llegaron al poder como expresión del rechazo a las políticas de izquierda se encontraron, por tanto, ante una nueva prioridad: combatir el crimen organizado. Y, al buscar un modelo que mostrara resultados, encontraron uno que parecía difícil de ignorar: el de Nayib Bukele en El Salvador.

Desde Colombia hasta Chile, pasando por Perú, comienza así a extenderse la idea de que el modelo salvadoreño podría ser la respuesta latinoamericana al avance del crimen organizado.

Pero aquí es donde conviene detenerse.

La carrera por importar el modelo Bukele podría terminar creando problemas aún mayores que aquellos que pretende resolver. Porque el modelo no consiste simplemente en aplicar políticas más eficaces contra el crimen. Su funcionamiento depende de determinadas condiciones políticas e institucionales.

Entre ellas destacan tres: un Ejecutivo mucho más fuerte que los demás poderes; el debilitamiento o silenciamiento de los medios de comunicación y de las instancias encargadas de supervisar los derechos humanos; y acuerdos con la dirección del crimen organizado.

El problema es que cada una de estas condiciones erosiona, poco a poco, la fibra democrática y, con ella, las libertades que la democracia pretende proteger.

En una región caracterizada históricamente por instituciones débiles, la adopción prolongada de un modelo de esta naturaleza podría terminar produciendo un resultado paradójico: utilizar la lucha contra el crimen para debilitar precisamente las instituciones que deberían garantizar la libertad y el Estado de derecho.

Y en una región que, después de quinientos años, todavía no ha conseguido consolidar instituciones democráticas firmes, ese desenlace sería particularmente triste.

La historia, además, nos ofrece un antecedente inquietantemente parecido.

A mediados del siglo pasado, América Latina volvió a apostar por una receta que parecía ofrecer una vía rápida hacia el desarrollo: la industrialización por sustitución de importaciones. La tesis, asociada a la obra de Raúl Prebisch, entonces director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, partía de una premisa comprensible: proteger la producción nacional frente a la competencia externa permitiría crear industrias locales y acelerar el desarrollo.

La receta consistía en levantar una verdadera empalizada arancelaria para restringir las importaciones y estimular la producción nacional.

Funcionó, en cierta medida, en economías grandes como Australia, Nueva Zelandia, México y Brasil. Pero en muchas de las economías más pequeñas de la región produjo un efecto perverso: creó sectores empresariales dependientes de la protección arancelaria, incapaces de competir internacionalmente y con fuertes incentivos para preservar el sistema que los protegía.

El modelo también encareció los presupuestos de la clase media, redujo su capacidad de crecimiento y contribuyó a la formación de grupos de interés suficientemente poderosos como para capturar los aparatos estatales en defensa de sus propios intereses.

El resultado fue una combinación conocida: mayor marginalidad, incapacidad para conquistar mercados externos y escasa innovación y desarrollo tecnológico endógeno.

La lección debería ser evidente.

América Latina no necesita importar modelos completos. Necesita aprender a distinguir entre aquello que puede ser adaptado y aquello que, al trasladarse mecánicamente de un país a otro, puede terminar destruyendo las mismas condiciones que se pretende mejorar.

El desafío frente al crimen organizado es real y urgente. La respuesta, sin embargo, no puede consistir en escoger entre seguridad y democracia. El verdadero desafío consiste en construir instituciones capaces de garantizar ambas.

Porque si para salvar la democracia terminamos sacrificando la libertad, habremos ganado una batalla contra el crimen para perder la guerra por la democracia.