Domingo
26 de Julio de 2026
25 de julio de 2026
Las autoridades investigan una posible discrepancia entre el peso del cargamento detectado en el aeropuerto de Viru Viru y el registrado tras su incautación. Hay un aprehendido por este caso
La incautación de un cargamento oro destinado a ser exportado de manera presuntamente ilegal genera polémica en Bolivia. En las últimas horas, se difundió que el peso reportado por las autoridades era menor al incautado y que se liberó a cinco de seis personas arrestadas inicialmente.
Según el reporte oficial, la madrugada del miércoles se encontraron 189 kilos de oro -valuados en casi 25 millones de dólares- en cuatro maletas que iban como parte del equipaje de un vuelo chárter con destino a Dubái. En el embarque, el responsable del vuelo privado constató irregularidades en la documentación física cuyo código de registro no tenía respaldo digital.
Horas más tarde, la Aduana Nacional difundió un comunicado confirmando que el cargamento no contaba con registro para la exportación y el caso derivó en la aprehensión del joven de 22 años, identificado como Adrián L. R., que llevaba las maletas.
Sin embargo, medios de prensa locales reportaron que el pesaje inicial sumaba 211 kilos, 22 más que los reportados por las autoridades y cuyo valor ronda los tres millones de dólares. De igual forma, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, indicó que inicialmente se arrestó a otras cinco personas, que después de su declaración informativa, en coordinación con el Ministerio Público, se las dejó en libertad.
En ese contexto, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, pidió un informe cronológico de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro, los argumentos para la liberación de cinco involucrados y la cantidad real de oro comisado por la Policía.
"Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y si hubiera responsabilidad sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana", manifestó Oviedo.
El ministro también solicitó "información con documentación verificable de la cantidad real del oro que fue comisado por la Policía" debido a que "efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos encima" y afirmó que el caso está en investigación.
Héctor Córdova, experto en minería, señaló la logística que requiere movilizar la cantidad de oro a esa escala hace poco probable que esté en manos de una sola persona. "Todo parece indicar que hay una organización que maneja todo esto, para coordinar los vuelos, manejar el embalaje del oro, emitir un documento falsificado y sobrepasar otros mecanismos de control", manifestó en entrevista con el programa televisivo No Mentirás.
A dos días de haberse revelado el caso y mientras se desarrollan las investigaciones, el oro permanece incautado y el implicado espera su audiencia cautelar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, venta ilegal de recursos minerales y contrabando, por los cuales la Fiscalía adelantó que pedirá 180 días de detención preventiva.
El caso se produjo semanas después de otro hallazgo en el mismo aeropuerto. A comienzos de julio, la Aduana Nacional de Bolivia informó sobre la retención del equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, luego de que un escáner detectara imágenes compatibles con mercancía sujeta a control. Según el reporte oficial, el viajero declaró mediante una factura que transportaba repuestos.
Dos días después, un representante se presentó para retirar la carga. Durante la apertura del equipaje para realizar el inventario, funcionarios aduaneros comprobaron que el contenido no correspondía a repuestos, sino a partes y accesorios para armas de fuego de grueso calibre ocultos entre otros artículos.
Tras estos dos casos, varios legisladores exigen investigaciones exahustivas, reforzar los controles en los aeropuertos y una reestructuración de instituciones como la Aduana, la Policía y otras entidades de control, al considerar que ambos casos evidencian posibles redes de corrupción y fallas en los mecanismos de fiscalización.