El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a la construcción para apuntalar a la actividad económica en el segundo trimestre. De hecho, afirmó que los "mejores 18 meses" iban a llegar de la mano de Inocencia Fiscal y de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

En ese contexto, funcionarios del Palacio de Hacienda entablan negociaciones con el sector para saldar deudas con contratistas del Estado y ya se pusieron sobre la mesa propuestas para reactivar la construcción de viviendas para la clase media a partir de la venta de las acciones que posee el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) y para la conformación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

En el Ministerio de Economía ya preparan medidas para estimular el crédito en el sector de la construcción. El viceministro, José Luis Daza, confirmó en una entrevista reciente con la Televisión Pública que están analizando distintos canales para acelerar que el acceso al crédito tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, quienes forman parte de las mesas de negociación aseguran que cada propuesta presentada ante los funcionarios que responden a Caputo queda en revisión y no avanza con rapidez.

En este marco, el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, adquirió un rol central en el diálogo con las empresas. Herrmann asumió la interlocución principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco), sobre todo después de la salida de Carlos Frugoni del cargo. Este martes, Herrmann tendrá una reunión clave con las autoridades de Cammarco, donde se discutirán las condiciones del bono para cancelar deudas con contratistas estatales por hasta 220.000 millones de pesos.

Según fuentes empresariales, la adhesión al bono genera interrogantes, ya que implica que las empresas renuncien a cualquier otro reclamo ante el Estado. "Depende de las empresas: algunas van a adherir porque no tienen reclamos, alguna otra va a adherir porque el reclamo no es importante y otras quizás no lo hacen y siguen por otro camino. Como no está clara la adhesión, aún no se sabe si el monto alcanza o no", explicó una fuente consultada por Infobae.

El bono que discuten Gobierno y empresas forma parte de un paquete más amplio de negociaciones. Según pudo saber este medio, empresarios plantearon propuestas para dinamizar el mercado de viviendas para la clase media. Una de las ideas principales consiste en utilizar los recursos provenientes de la venta de acciones del FSG, que requeriría la sanción de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a descontar hipotecas, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito habitacional.

Otra propuesta relevante apunta a la organización del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que en lugar de que haya cuentas individuales por empresas se agruparse en una o varias cuentas grandes. Así, el remanente que no se utiliza para indemnizaciones podría canalizarse hacia hipotecas y potenciar la capacidad de financiamiento. "Si se nuclean todas en un FAL, como el monto que vos usas para pagar indemnizaciones es muy minoritario, vas a tener un remanente muy importante que, en vez de ser colocado en cualquier cosa, se coloque en hipotecas", explicaron a Infobae quienes participan de las discusiones.

El FAL, sin embargo, atraviesa su propia secuencia de postergaciones. En mayo, el Gobierno decidió aplazar la puesta en marcha del esquema hasta el 1° de noviembre de 2026, en sintonía con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para preserva el superávit fiscal. La Ley de Modernización permitió ese retraso, aunque entre funcionarios del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que sea necesario demorar nuevamente su implementación si los ingresos fiscales no mejoran. Toda nueva postergación requeriría una ley adicional del Congreso.

La dinámica de las negociaciones con el sector constructor expone la coexistencia de intereses diversos y de expectativas cruzadas. El equipo de Caputo se mantiene receptivo a las propuestas, pero muchas de las iniciativas continúan bajo análisis, sin plazos definidos ni consensos automáticos. Herrmann, como responsable principal del diálogo, se consolidó como el canal para acercar posiciones entre las demandas empresariales y los límites que impone la situación fiscal.

El debate sobre la utilización del FAL suma una capa de complejidad. La propuesta de agrupar fondos y destinarlos a hipotecas podría liberar capitales ociosos y fortalecer el crédito, pero su implementación depende de cambios normativos y de consensos políticos que aún no se alcanzaron. El aplazamiento oficial añade incertidumbre sobre los plazos y la concreción de esta herramienta, que continúa bajo vigilancia de funcionarios y empresarios.