La organización de derechos humanos Prisoners Defenders publicó este jueves su informe mensual sobre presos políticos en Cuba con dos cifras sin precedentes en sus registros: 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos al cierre de junio y 40 de ellas detenidas cuando eran menores de edad, el número más alto documentado hasta la fecha.

El reporte llega dos días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 -más conocidas como 11J-, la mayor movilización ciudadana registrada en la isla desde 1959.

"El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J: 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad", afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en conversación con Infobae.

Solo en junio, la organización verificó 32 nuevos casos, con otros 21 aún en proceso de investigación. De los 40 menores registrados en la lista total, 16 permanecen recluidos en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.

El informe documentó un cambio en el perfil de las víctimas. La represión ya no apunta únicamente a quienes participan en manifestaciones o ejercen activismo político, sino a personas con capacidad para informar, movilizar o influir en distintos sectores de la sociedad.

"El régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social: periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, ex presos del 11J y numerosos jóvenes", señaló Larrondo; al tiempo que acotó: "Todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J".

Entre los casos documentados en junio figuran los de Eduardo Ceballos Pérez, conocido como "Eddy Jones", y Christian Rodríguez Riverón, creadores del canal de YouTube Despingovery Channel, arrestados por publicar videos sobre instalaciones militares abandonadas y en ruinas. Las autoridades los procesaron por presuntos delitos de "Espionaje" o "Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado", cargos que en el Código Penal cubano se castigan con entre 10 y 30 años de prisión, cadena perpetua o muerte.

Ceballos fue detenido el 1 de junio y trasladado a la prisión Combinado del Este, donde permaneció incomunicado; mientras que Rodríguez Riverón fue arrestado el 14 de junio al acudir a una citación policial, sin orden judicial.

Las protestas registradas en el reparto Barbosa, en La Habana, durante la segunda quincena de junio, motivadas por prolongados apagones y la crisis económica, desencadenaron una nueva ola de detenciones. Entre los arrestados figura el rapero y activista Andrés Matos Alcántara, conocido como "MC K-LIBRE", detenido el 25 de junio tras acudir a una citación policial.

Las autoridades le atribuyen falsamente el liderazgo de los cacerolazos, pese a que su familia y testigos afirman que solo pasó por el lugar durante unos minutos. Durante los primeros días de su detención, el régimen ocultó su paradero, lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a activar una Acción Urgente. El 4 de julio fue trasladado a la prisión de Valle Grande pese a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.

En la misma protesta, los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez fueron detenidos el 21 de junio sin orden de arresto. Según testimonios de allegados, ambos sufrieron golpes durante la detención. En el caso de Yoan, las agresiones le provocaron múltiples fracturas en las costillas, una herida en el pecho y lesiones en los pies, sin que las autoridades le proporcionaran atención médica.

Una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo de Contramaestre (Santiago de Cuba), el 22 de junio, añadió 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, seis de ellos menores de entre 15 y 17 años: Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), José Ángel Borrero Zorrilla (17 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años) y Ángel Luis Leyva (17 años), junto a Cristian Fernández Sarmiento (15 años), detenido el 19 de junio durante las manifestaciones de Altamira.

Prisoners Defenders documentó que 458 presos políticos padecen patologías médicas graves o crónicas, y 53 presentan trastornos de salud mental severos previos a su detención. "La privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura", advirtió Larrondo a este medio.

Tres casos concentran la mayor gravedad. Carlos Alberto MacDonald Ennis fue excarcelado el 12 de junio tras más de dos años en prisión provisional, aunque continúa sometido a proceso penal. Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que crece hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento, y al salir pesaba apenas 48 kilogramos, con hipertensión y diabetes agravadas.

En tanto, Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión por el 11J, contrajo tuberculosis en prisión y presenta desnutrición severa, trastornos neurológicos y crisis recurrentes de asma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por el riesgo para su vida, pero continúa recluido. Prisoners Defenders lo incluyó entre los 33 presos políticos con riesgo gravísimo para su vida e integridad física.

Por su parte, Rolando Yusef Pérez Morera, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y también condenado a ocho años, mostró en imágenes obtenidas durante un permiso penitenciario temporal un deterioro físico extremo producto de la desnutrición severa.

A escasos días del quinto aniversario, las autoridades cubanas desplegaron una operación de hostigamiento contra activistas de distintas organizaciones. El 2 de julio, decenas de ellos fueron impedidos de asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, mediante cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y traslados forzosos.

José Elías González Agüero, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), y el ex preso político Alexander Díaz Rodríguez fueron trasladados esposados a una zona boscosa en las afueras de La Habana, donde fueron obligados a desnudarse y fotografiados en esa situación. Según el testimonio de González Agüero, uno de los agentes le colocó una pistola en la cabeza mientras le decía "se acabó tu historia y te vamos a matar aquí", y los represores realizaron disparos simulando ejecuciones.

Díaz Rodríguez —cuya fotografía al salir de prisión tras cumplir una condena de cinco años por el 11J recorrió el mundo por su parecido con imágenes de campos de concentración— fue golpeado repetidamente y tuvo un papel introducido en la boca por la fuerza mientras permanecía esposado. En prisión había adquirido un cáncer de garganta y tiroides en fase terminal, hepatitis B, anemia severa y un cuadro de desnutrición severa terminal.

Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, fueron retenidos por la Seguridad del Estado durante cerca de 11 horas para impedir su asistencia al mismo evento. Tras recuperar la libertad, denunciaron que el objetivo era silenciarlos y amedrentarlos.

En paralelo, las autoridades reabrieron un proceso penal previamente archivado contra la influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente ("Anna Bensi"), sometiéndola junto a su madre a nuevos interrogatorios de más de ocho horas.

El informe señaló también el caso del pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, de 58 años, detenido el 11 de junio en el municipio de Regla tras increpar verbalmente a funcionarios que dispersaban una protesta vecinal contra los apagones y la escasez de agua. Al ser visitado por su esposa el 26 de junio, apenas nueve días después de su detención, presentaba pérdida considerable de peso, pies hinchados y dolores agravados por una artritis reumatoide sin tratamiento.

El informe de Prisoners Defenders apuntó directamente a la inacción pública de gobiernos democráticos como factor que permite al régimen cubano sostener la escalada represiva sin consecuencias políticas.

La organización mencionó a España —con referencia expresa al gobierno de Pedro Sánchez—, la Comisión Europea y Canadá entre los actores que no se pronuncian ni defienden públicamente, de forma sostenida, a las nuevas víctimas de la represión.

En los últimos 12 meses —de julio de 2025 a junio de 2026—, la lista de Prisoners Defenders sumó 264 nuevos presos políticos, un promedio de 22 por mes. Cuba ocupa además el primer lugar mundial en desapariciones forzadas ejecutadas por el propio gobierno, con 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas promovidas por la propia organización.