A partir de las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata aplicará una transformación en su sistema judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Esta medida marca un avance clave en la reforma del proceso penal federal, dirigida a modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del país.

El fecha fue oficializada esta madrguada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026 y tras un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia.

El nuevo modelo, basado en el sistema acusatorio, pretende agilizar los procedimientos, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal. La decisión responde a la necesidad de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, con especial énfasis en la gestión de delitos complejos y la protección de derechos fundamentales.

La implementación en la jurisdicción de La Plata se inscribe en el marco de una política de Estado que busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto, articulando los esfuerzos de los distintos organismos del sistema de justicia nacional.

El artículo 2° de la Ley N° 27.150 establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe realizarse conforme al cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma normativa, esta cartera ministerial ha venido dictando los actos y formulando propuestas para la implementación paulatina del sistema en los distritos federales y nacionales.

El proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y regiones de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

El objetivo es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones, incluyendo Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, sectores de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se encuentran el Aeropuerto Internacional "Ministro Pistarini" (Ezeiza), y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, infraestructuras estratégicas para el tránsito comercial y poblacional.

La entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata había sido inicialmente programada para el 18 de mayo de 2026, luego diferida al 30 de noviembre del mismo año para garantizar la finalización ordenada de las acciones preparatorias. Finalmente, el nuevo cronograma fija el inicio para el 21 de septiembre, respaldado por avances en infraestructura, tecnología y capacitación.

Entre los recursos incorporados se destacan los Sistemas UFED y dispositivos asociados, que potencian las capacidades de tratamiento de evidencia digital, incrementando la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de custodia. Estas herramientas permiten a la Procuración mejorar la persecución penal en delitos complejos, con mayores garantías de integridad probatoria.

De modo complementario, se han impulsado mejoras edilicias y tecnológicas en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este organismo informó la disponibilidad de espacios para la instalación de salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio, incluyendo equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos para la gestión digital de las audiencias orales.

El proceso de adecuación contempla no solo la infraestructura física, sino también la capacitación de los operadores judiciales. Se organizaron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades ante los desafíos del nuevo modelo.