El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.

Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.

Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.

Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.

En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.

En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.

La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.

Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática "Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia".

Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que "la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder". Y agregó: "Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio".

La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.

Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino "no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa" y calificaron las versiones difundidas como una "operación".

Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.

En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.

En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.

La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.

Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.

Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.