La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.

Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.

En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.

Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como "ilegal".— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.

Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera "indiscriminados", buscando su devolución.

Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.