Los habitantes de las Islas Malvinas defendieron su condición de territorio británico de ultramar y subrayaron su derecho a la autodeterminación, ante la posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo al Reino Unido en la disputa con Argentina. Esta eventualidad, originada tras tensiones por la guerra contra Irán, generó respuestas oficiales y reacciones en Londres y Buenos Aires.

Los residentes del archipiélago reafirmaron que desean mantener su estatus político actual y destacaron el apoyo abrumador logrado en el referéndum de 2013, cuando el 99,8 % de los votantes eligió seguir ligados a Londres. Expresaron que no aceptarán ninguna disminución de su derecho a decidir su destino político y rechazaron intentos de convertir la causa isleña en moneda de cambio internacional.

Un portavoz oficial del Consejo Ejecutivo de las Malvinas afirmó que "la autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas". También recordó que el referéndum citado, con una participación del 92 %, fue supervisado internacionalmente y constituye el eje de la posición local sobre la legitimidad de la soberanía británica.

Las autoridades insulares, citadas por The Sun y The Telegraph, señalaron la preocupación de la población ante informes sobre eventuales medidas estadounidenses que el Pentágono consideraría, en el marco de represalias de Washington hacia aliados europeos en la guerra iraní. Un portavoz de los veteranos británicos criticó cualquier "uso político" de la cuestión de las Malvinas. El gobierno local, a su vez, destacó su "plena confianza" en que el Reino Unido defenderá su derecho a la autodeterminación ante posibles presiones externas.

Por otra parte, el ejecutivo de Keir Starmer respondió de manera categórica a los rumores de un posible retiro del apoyo estadounidense a la posición británica en el Atlántico Sur. Un vocero de Downing Street afirmó que "no podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las islas Falkland", y reiteró que "la soberanía recae en el Reino Unido". Aseguró que la defensa del derecho de los isleños a decidir su futuro continuará como eje de la política oficial.

El Partido Conservador, a través de su líder Kemi Badenoch, apoyó la situación actual del archipiélago y calificó de "totalmente infundada" cualquier insinuación sobre un cambio en la soberanía. Añadió que "las Islas Malvinas son británicas y lo han sido durante mucho tiempo", según consignó The Sun. Cuestionó además el endurecimiento de la postura de Washington y el riesgo de trasladar el tema a una disputa multilateral.

La escalada diplomática inició tras la filtración de un correo del Pentágono a Reuters, donde se analizaban represalias contra aliados europeos que, según Washington, no facilitaron bases y permisos a la ofensiva militar contra Irán. Una de las opciones examinadas era reconsiderar el respaldo diplomático estadounidense a "territorios británicos de ultramar" como las Malvinas, junto con otras propuestas que incluían presionar a la OTAN y revisar la pertenencia de España a la alianza.

El origen del conflicto reside en la negativa del Reino Unido a ceder instalaciones para bombardeos en Irán. De acuerdo con el funcionario citado por Reuters, el documento interno consideraba esa ausencia de cooperación como una falta grave dentro de la lógica aliada. Entre las opciones, figuraba la revisión del compromiso estadounidense con el archipiélago del Atlántico Sur.

Los medios británicos recuerdasn que las Malvinas fueron escenario de la guerra de 1982, que resultó en 255 soldados británicos, tres isleños y 649 argentinos muertos. Actualmente, el Departamento de Estado norteamericano reconoce la administración británica sobre el archipiélago, aunque sostiene que la disputa de soberanía continúa, según reportaron medios británicos y argentinos.

Desde Buenos Aires, el gobierno argentino celebró la posible revisión de la política estadounidense e insistió en la histórica reclamación sobre las islas. El presidente Javier Milei sostuvo que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", mientras que el canciller Pablo Quirno consideró la situación actual como "una herencia colonial desde 1833" y rechazó la apelación británica al principio de libre determinación de los pueblos.

Ambos funcionarios reiteraron los "derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur" y defendieron la vía diplomática y la integridad territorial como ejes para resolver el litigio, en línea con las normas de descolonización de la ONU. Sus posturas también fueron destacadas en medios británicos tras las declaraciones oficiales desde las Malvinas.