Como es habitual en estos casos, el Gobierno Nacional se prepara para hacer frente a la posible judicialización de la reforma en la Ley de Glaciares sancionada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, según confirmaron dos fuentes a Infobae. En la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que diseña la estrategia bajo estricto hermetismo, con intención de enfrentar los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y las ONGs ambientalistas.

"No tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada", sostuvo una fuente al tanto del diseño de la argumenta en la que trabaja la administración libertaria para apelar.

Para este 2026, el oficialismo dio lugar a un pedido levantado por un puñado de gobernadores y avanzó con la modificación de la Ley 26.639 que regulaba la preservación de los cuerpos de hielo. Luego del tratamiento legislativo prolongado, que tuvo lugar primero en el Senado durante las sesiones extraordinarias, obtuvo el acompañamiento de 137 diputados y el rechazo de 111 legisladores.

Uno de los principales cambios aprobados, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que siguó el debate desde el recinto, le otorga un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero. Entre otros puntos, eso implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

A contramano del respaldo de las provincias mineras, el mandatario de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley casi un día después de su sanción. "Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos", sintetizaron desde la gobernación a Infobae.

Sin embargo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva y aseguran que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo. "El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas", vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

"Sabíamos que podían judicializar, pero no nos preocupa porque está, sobre todo, el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos", argumentó un integrante de la mesa política diseñada por el presidente Javier Milei. Además, cargó contra el pampeano al que acusó de tener "un quilombo histórico" por el uso del agua. "Son ignorantes, no conocen el país", respondieron desde la gobernación al tiempo que desacreditaron el accionar del Ejecutivo al sostener que el juzgado federal pampeano aún no ha puesto las actuaciones a disposición.

En el oficialismo subrayan como uno de los activos la audiencia pública celebrada para someter a debate los cambios, contemplada en la norma, que obtuvo más de 65000 inscripciones, de las que solo se les dio lugar a 200 expositores, mientras el resto debió conformarse con publicar un video de no más de cinco minutos y cargarlo en una plataforma digital.

Entre los legisladores que rechazaron los cambios, varios de ellos ven inevitable el curso de la judicialización, incluso varios aseguran que hay más de un camino. A diferencia del Ejecutivo, cuestionan el procedimiento, dado que califican de "falsa" la audiencia celebrada y remarcan el incumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Por su parte, señalan la interjurisdiccionalidad, argumento esgrimido por Ziliotto, y denuncian que configura un "retroceso en materia ambiental", en sintonía con el amparo de las organizaciones ambientales.

Uno de los que opinó públicamente fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la Corte Suprema de Justicia "se expidió" en junio de 2019, cuando ratificó la ley original y rechazó el reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por la minera Barrick Gold. "En su momento, Cristina Kirchner la había vetado, el Congreso volvió a sancionarla, una empresa fue a la Corte y la Corte fue clara le dijo que la ley era constitucional", resumió al respecto en una entrevista con Infobae En Vivo.

Asimismo, hay quienes se muestran esperanzados por el potencial desempeño judicial y presionan al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en caso de que el tema escale, por su expertis en derecho ambiental y sus fallos posteriores en la temática. "Si llega a la Corte el final es abierto. Lorenzetti debería bancar, no podría ir contra sus propios fallos, los otros dos no sabemos", expresó un diputado que respalda las acciones que se promueven contra las modificaciones en la ley.