El FAL debe ser constituido por cada empleador a través de una cuenta específica en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, conforme a la reglamentación dispuesta por el Ministerio de Economía. Los fondos se integran con contribuciones mensuales obligatorias, ingresos de inversiones, aportes voluntarios y otros recursos compatibles con la ley. Para grandes empresas, la contribución obligatoria representa el 1% y para pymes, el 2,5% del costo laboral, aunque el Poder Ejecutivo puede elevar estos porcentajes.

El RIFL, en tanto, otorga una reducción relevante en las cargas patronales durante 48 meses para empleadores que formalicen trabajadores previamente no registrados o inactivos en el sector formal durante al menos seis meses. El beneficio es optativo y apunta a incentivar la registración. El informe del IARAF detalla que la reducción de cargas es particularmente marcada durante los primeros cuatro años para los empleados alcanzados por el RIFL: las contribuciones patronales bajan de 27% a 15%, lo que implica que la carga laboral total desciende del 44% al 32% sobre el salario bruto. En el caso de las pymes, el costo total disminuye del 44% al 41,5%, y para grandes empresas, del 44% al 43%.

El análisis del IARAF también compara la denominada cuña fiscal —la suma de aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias menos las transferencias estatales— en relación con el costo laboral total. Antes de la reforma, la Argentina ocupaba el puesto 25 entre 39 países, con una carga del 34,6%, por debajo del promedio de la OCDE. Tras los cambios, la cuña fiscal baja a 34,1% en grandes empresas, a 33,4% en pymes y a 27,8% para empleados bajo el RIFL, manteniendo el puesto 25 para el régimen general y desplazando al país al puesto 32 bajo el régimen de incentivo.

El informe subraya que, pese a la reducción de la presión fiscal sobre el empleo formal, la diferencia con los países de menores cargas —como Nueva Zelanda, Chile y Colombia— continúa siendo significativa. En esos casos, la carga fiscal sobre el empleo formal es prácticamente nula, mientras que la Argentina sostiene una estructura de presión tributaria elevada respecto al promedio de la OCDE.