Según detalló, la dictadura asegura que está dando “pasos firmes para modernizar la economía” y ofrecer reglas de juego más claras para quienes “apuestan por el futuro del país”, en un momento en que la credibilidad de La Habana se ve golpeada por decisiones unilaterales sobre el acceso a divisas.

Esa misma restricción se trasladó la semana pasada al cuerpo diplomático: embajadas y misiones extranjeras fueron advertidas de que, por ahora, tampoco pueden transferir al exterior ni retirar en efectivo los fondos que tienen en moneda dura en la isla.

La feria, que se celebra en el recinto de Expocuba a las afueras de la capital, vuelve a situarse en el centro de la estrategia oficial para atraer inversión foránea, después de que ediciones recientes estuvieran marcadas por la pandemia y por el impacto de fenómenos meteorológicos que incluso forzaron la suspensión del evento en 2024.

La economía cubana encadena cinco años de deterioro. El propio ministro de Economía, Joaquín Alonso, reconoció recientemente ante la Asamblea Nacional que el producto interno bruto se contrajo un 1,1 % el último año y que el país acumula una caída cercana al 10 % desde 2019, con una merma de alrededor del 30 % en los ingresos en divisas y fuertes retrocesos en agricultura, ganadería, minería y manufacturas.

La escasez crónica de divisas limita las importaciones de combustible, alimentos e insumos industriales y refuerza la tentación del régimen de imponer controles más severos sobre la moneda dura que aún circula por el sistema bancario.

La red eléctrica, envejecida y con escasa inversión, ha sufrido apagones nacionales en cadena y fallas de gran alcance que han dejado a millones de personas sin luz y han alimentado episodios de protesta social en los últimos años.